La fiscal general venezolana dice que no se pueden usar presos políticos como “rehenes”

La fiscal general de Venezuela dijo que no se pueden usar los políticos privados de libertad como “objeto de negociación” o como “rehenes”, una declaración hecha horas después de la medida de arresto domiciliario para el opositor al régimen Leopoldo López.

“No se puede usar a las personas privadas de libertad como si fueran rehenes que pueden ser objeto de negociación, como hacen algunos grupos criminales con las personas que secuestran”, dijo el sábado Luisa Ortega Díaz. “No se debe instrumentalizar un caso tan delicado y sensible para el país para intentar legitimar o mejorar su imagen”, agregó.

La fiscal general prestó estas declaraciones al diario chileno La Tercera, las cuales fueron difundidas por el Ministerio Público en su cuenta de Twitter. Las declaraciones de Luisa Ortega surgen horas después de que el Presidente, Nicolás Maduro, haya dicho que la fiscal general “pidió 30 años de prisión” a López en el juicio, y reiteró que el político fue “procesado, castigado y encarcelado por la responsabilidad de Fiscalía General de la República.

Ortega dijo al periódico chileno que “paradójicamente, ahora pretenden usar este caso como parte de la campaña contra el Ministerio Público, la cual es una institución independiente, donde cada procurador conduce los casos de forma independiente de acuerdo con sus criterios que deben obedecer a hechos Concretos que deben ser enmarcados en la estricta legalidad “.

Al referirse a los fiscales, Luisa Ortega dijo: “Cada uno debe asumir su papel y su responsabilidad, yo siempre asumí la mía y voy a seguir haciéndolo.”

La fiscal general ha venido a distanciarse, en los últimos meses del Gobierno del Presidente venezolano, Nicolás Maduro, habiendo denunciado una ruptura del orden constitucional por parte del Supremo y cuestionado la intención de Maduro de alterar la Constitución.

Se convirtió en una de las pocas voces críticas, además de la oposición, desafiando los esfuerzos de Nicolás Maduro para una nueva Carta Magna, pero también al presentar acusaciones contra miembros del ejecutivo a causa de muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales.

A finales de junio pidió protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de que el Tribunal Supremo de Justicia (STJ) le impidió salir del país y ordenó la congelación de sus cuentas bancarias.

Luisa Ortega Díaz acusó al STJ de estar “a desmantelar” el Estado y apeló a los venezolanos para defender y restituir el vigor de la Constitución del país.

En Venezuela, las manifestaciones a favor y en contra del Presidente Nicolás Maduro se intensificaron desde el pasado 1 de abril, después de que el Tribunal Supremo de Justicia divulgar dos decisiones que limitaban la inmunidad parlamentaria y en que ese órgano asumía las funciones del Parlamento.

Entre las quejas sobre el aumento de la represión, los opositores se han manifestado aún contra la convocatoria de una Asamblea Constituyente, hecha el 1 de mayo pasado por el Presidente Nicolás Maduro, en un intento de cambiar la Constitución del país.

Leopoldo López fue condenado a casi 14 años de prisión. El sábado fue trasladado a arresto domiciliario, después de más de tres años en la prisión militar de Ramo Verde.

Con 46 años, el dirigente del partido Voluntad Popular fue detenido el 18 de febrero de 2014, acusado de incitación a la violencia durante una acción antigubernamental días antes, en el que murieron tres personas, y que dio lugar a una ola de manifestaciones que causó 43 víctimas Mortales, según el balance oficial.

El STJ venezolano informó que la transferencia de López para arresto domiciliario se debió a “problemas de salud”, pero familiares del dirigente de la oposición aseguraron que él está bien y feliz de estar en casa.