Bruselas no publicará el informe de Deloitte sobre el desplome del Banco Popular

La autopsia popular se hace más clara: la muerte por asfixia. La Junta de Solución Única (JUR), la institución que dirigió el cierre y venta del Popular, publicó un informe el martes sobre su intervención. Pero no hará público, sin embargo, el informe de Deloitte que estimó tres valoraciones de Popular, claves de la liquidación, a petición del Ministro de Economía, Luis de Guindos. Una de esas valoraciones fue positiva, alrededor de 1,3 mil millones. No se tuvo en cuenta.
El informe Deloitte es una pieza clave en el caso Popular. Fue encargado por la Junta de Resolución a fines de mayo para tener una evaluación de los activos y pasivos de la entidad. El Fondo para la Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB), el brazo ejecutor de la JUR y dependiente del Ministerio de Economía, informó que en ese informe se hicieron dos opiniones del Popular: “En el escenario central es negativo 2.000 millones y en la mayoría Destacó de 8.200 millones negativos “.
Este organismo no mencionó una tercera valoración, que se aproximaba a los 1.300 millones de positivos, en un escenario optimista, cifra similar a la de su valoración bursátil, como dijo Vozpopuli. El ministro Luis de Guindos solicitó al Congreso de Diputados la aprobación de este documento, que puede ser clave para el litigio de accionistas y tenedores de bonos que perdieron todo en la operación. El presidente de la institución, el alemán Elke König, desestimó su publicación el martes alegando que contiene “información confidencial”. Dijo que además de la evaluación de Deloitte, “el JUR llevó a cabo una evaluación intermedia”, que tampoco ha salido a la luz.
A cambio, König y su equipo publicaron el martes la versión no confidencial de la resolución de Popular, un extenso informe de 28 páginas que contiene un análisis detallado del caso, pero en el que las partes más jugosas son censuradas. La institución reporta la “fuga significativa de depósitos” en las semanas previas al cierre de la entidad por la catarata de noticias negativas que afectaron a Popular. Pero afirma que, a pesar de estos repentinos flujos de capital, el banco informó que el banco tenía “opciones insuficientes para restablecer su posición de liquidez”. El BCE, según dicho documento, no se oponía a la apertura de las líneas de liquidez de emergencia (ELA). Pero ese líquido de emergencia vino sospechosamente tarde: sólo dos días antes del cierre y venta del Popular.
“El 5 de junio, el Consejo de Gobierno del BCE, a petición del Banco de España, no se opuso al acceso a líneas de liquidez de emergencia”. El documento no detalla la cantidad de ELA recibida. Pero sí deja claro que “el banco central no estaba en condiciones de proporcionar más fondos de emergencia” a Popular para corregir la posición de liquidez. Fuentes del Banco Central señalan que Popular no preparó a tiempo los documentos necesarios para obtener esa liquidez, lo que podría haber prolongado la vida de la entidad para tratar de encontrar otra salida. El vicegobernador del Banco de España, Javier Alonso, dijo semanas atrás que Popular tenía más activos para obtener dinero en efectivo, pero no los llevó al supervisor “y sólo le dio liquidez en lo que presentó”.
Las palabras del vicegobernador parecían contradecir la información anterior del equipo de liderazgo Popular bajo la presidencia de Emilio Saracho, quien sugirió que entregó garantías al supervisor por unos 40.000 millones, pero sólo se le concedió liquidez por 3.800 millones dos días antes de la liquidación.
Los documentos explican que hubo “dos entidades” que el 4 de junio presentaron ofertas no vinculantes: Santander y BBVA, aunque la documentación no cita al banco que preside a Francisco González. “El 7 de junio sólo se recibió una oferta final”, la de Santander. La Junta de Resolución ordenó al FROB cancelar las acciones y la deuda de mayor riesgo. Santander hizo el Popular por un solo euro, limpiado de esas acciones y bonos, lo que significa que los bonos valorados en 1.3 mil millones fueron puestos a cero, y se perdonó $ 2 mil millones en bonos, que fueron a la capital.
El JUR subraya “la cobertura negativa en la prensa”, que según la institución precipitó el cierre.
La Comisión Europea se alinea con España ante el posible litigio de accionistas y bonistas que perdieron su inversión con el cierre de Popular. El vicepresidente comunitario, Valdis Dombrovskis, dijo el martes después de Ecofin – la reunión de ministros de Finanzas de la UE – la misma tesis que el ministro Luis de Guindos presentó el pasado lunes. “Desde el punto de vista jurídico, las decisiones de resolución son actos de la UE y pueden ser impugnadas en el marco de los Tratados de la UE, y en este caso sería el Tribunal de Justicia de la UE quien tendría que decidir sobre esos desafíos”.